Se trata de una nueva generación de abogados cuyo ámbito de especialización y trabajo se centra en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Que tratarán de aportar respuestas a problemas como los derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos, la LOPD o la libertad de expresión, entre otros asuntos.

Además pretenden fomentar la difusión y formación en el uso e implicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ejercicio de la abogacía. También tratarán de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la legislación española sobre sociedad de la información. Este aspecto es básico ya que la seguridad jurídica es fundamental para la apuesta de la empresa en los nuevos modelos de negocio.

En mi opinión se trata de una buena noticia donde las empresas tengan un punto al que acudir para temas legales que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la información, que muchas veces están en un vacío legal que crea incertidumbre. Modelos de negocio como la nube, notificaciones mediante correo electrónico certificado son algunos de los ejemplos en los que muchas empresas han mostrado sus dudas.

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Por cada correo que enviamos tenemos la certificación de envío, recepción y lectura, en caso de que se produzca, así como la prueba legal y el depósito notarial de todo el proceso. Además disponemos de un acceso al panel de control y custodia de la comunicación durante los siguientes cinco años al envío. Los correos podrán llevar documentos adjuntos de hasta un máximo de 2 MB.

El coste del servicio va desde los 6 euros por un envío único, hasta packs de 100 envíos con un coste de 99,95 €, efectuados en un único pago. Mailcertificado registra el contenido completo del mensaje con sus modelos de control y la huella técnica del mismo, salida, entrega y descarga del mensaje por el destinatario. Está homologado por LexNet, para la presentación y descarga de documentación judicial.

Una de las ventajas del sistema reside en estar disponible cualquier día del año, a cualquier hora siempre que tengamos acceso a Internet. Cómo inconveniente podríamos decir que falta jurisprudencia al respecto, ya que aunque de momento ningún comunicado de Mailcertificado haya sido impugnado en ningún procedimiento judicial, quizás hace falta tiempo para que se fije una doctrina legal inequívoca al respecto. Será cuestión de tiempo conseguirlo.

Además de estos servicios de correo electrónico certificado también posee servicios similares de SMS certificados, Faxcertificado o Contratocertificado entre otros que aportan soluciones con garantía legal a la firma de documentos o entrega de notificaciones por otras vías ajenas al correo electrónico.

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La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 27 de enero. Consta de siete bloques en los que se abordan las responsabilidades de los diferentes actores, la legislación y las garantías aplicables, o el impacto en el régimen de transferencias internacionales de datos.

Se trata de una oportunidad para mostrar las dudas que puedan tener las empresas en el uso de la protección de datos en la nube, uno de los temas que más les preocupan en la pérdida del control de los datos. Esperemos que esta consulta sirva para que la legislación en este aspecto sea más clara y sobre todo que tanto empresas prestatarias de servicios como empresas clientes tengan más claros sus derechos y obligaciones.

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De esta manera tenemos un nexo de unión con los usuarios sin molestar, por lo tanto no necesitaríamos consentimiento para enviar este tipo de mensajes y podemos hacerlo con todas las direcciones de correo que tengamos en la base de datos. Eso sí, el mensaje debe ser sólo una felicitación, sin incluir ofertas comerciales. Sólo se trata de felicitar a aquellos que tienen algún tipo de relación con nuestra empresa.

Si lo que pretendemos es aprovechar el correo para realizar también una comunicación comercial, lo que debemos hacer es segmentar el envío y crear dos felicitaciones distintas. Una que incluya sólo la felicitación que enviaremos a las direcciones de correo que no quieren comunicados comerciales y otra que además incluya las ofertas o promociones navideñas o de inicio de año que queremos comunicar.

No se trata de molestar a los clientes, simplemente tener un gesto amable con aquellos con los que hemos tenido una relación o trato profesional en este año. Lo cierto es que este tipo de mensajes por correo electrónico siempre son un poco fríos, y las redes sociales o los blogs se prestan más a un lenguaje más cercano, que puede ser más humano a la hora de transmitir nuestras felicitaciones.

No se trata de hacer un vídeo del presidente de la empresa como si fuera el Rey en Navidad, sino más bien un pequeño mensaje en vídeo donde aparece toda la empresa felicitando las navidades o cantando un villancico o algo similar típico de estas fiestas, que luego podemos compartir vía redes sociales o dejar en nuestra web durante un tiempo. ¿Vosotros que opináis? ¿Sois partidarios de este tipo de mensajes o quizás preferís algo más formal o simplemente no felicitáis las fiestas de forma oficial?

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Imagen | AussieGold

Esta ley es una reforma de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo, y en uno de sus apartados fija el límite en el que no procederá recurso de casación ante el Supremo sentencias de cualquier materia cuyo asunto no exceda de 600.000 euros, que es la sanción máxima que puede imponer la AEPD. Anteriormente este límite estaba fijado en 150.000 euros.

Este límite implica a las sanciones que eran graves y muy graves que ahora pierden esta posibilidad de recurso. Esto no implica que no se puedan recurrir las sanciones de la AEPD, sino que tenemos un órgano judicial menos para hacerlo. De todas formas no es lo habitual llegar en los recursos hasta el Tribunal Supremo, aunque en los casos en los que se ha llegado ha servido para tener una interpretación más clara de la ley.

Vía | Blog Samuel Parra
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Basta con buscar en la basura próxima a empresas para encontrar historiales clínicos, listados de morosos, números de cuenta corriente, o currículum vitae de candidatos sin el menor problema. Y esto en formato papel, porque también han encontrado discos duros de equipos completos de los que se puede recuperar todo tipo de información.

De los centros investigados el 75 por ciento de los bancos, el 50 por ciento de los centros médicos y el 100 por cien de los edificios y oficinas gubernamentales investigadas tira documentación personal y confidencial sin destruir o tratar. El 78 por ciento de los trabajadores con acceso a esta documentación son conscientes de que se trata de información sensible ya que la rompen manualmente, lo que no impide que se pueda acceder en muchas ocasiones a los datos.

Lo cierto es que parece que se tiene bastante claro que tipo de datos deben ser destruidos pero falta el paso siguiente a la simple destrucción manual, que implica articular un sistema para recoger toda la documentación confidencial y sensible de la empresas en papel y destruirla en el típico destructor de papel.

Mención aparte es la información digital a la hora de ser destruida. No basta con formatear el disco duro, sino que debemos sobreescribirlo X veces para asegurarnos de que la información se ha borrado, o destruirlo físicamente para asegurarnos de que no se puede recuperar la información.

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Imagen | wadem

En España el 13% de los usuarios siempre utiliza software ilegal y en un 37% la mayoría de las veces. La gran mayoría de los usuarios adquieren software e incumplen las condiciones de la licencia con su instalación en varios equipos, o descargan de programas a través de las redes p2p a pesar de que se muestren de acuerdo con respetar la propiedad intelectual.

Según el presidente y CEO de BSA, Robert Holleyman

La evidencia está clara: el camino para reducir la piratería de software pasa por enseñar a las empresas y a las personas acerca de lo que es legal -, y el aumento gradual de aplicación de las leyes de propiedad intelectual para enviar señales más claras y disuasorias en el mercado

Lo que es lo mismo, se trata de actuar en dos frentes, por un lado intentar concienciar a usuarios y empresas del daño que hacen pirateando software y por otro buscando aplicar la leyes de la propiedad intelectual que protegen a los creadores de software. Lo cierto es que las multas que puede imponer o demandar la BSA pueden hacer que muchas empresas tengan que cerrar.

Este tipo de estudios se repiten cíclicamente, así como noticias de sanciones a empresas que utilizaban software pirata. En mi opinión, la mayoría de las empresas en las que he visto software pirata instalado tenían alternativas libres solventes para estos mismos programas que estaban utilizando, pero lo cierto es que la formación de los trabajadores en los programas que pirateaban era una de las elecciones fundamentales.

El usuario aprende o se forma en el uso de determinados programas que son mayoritariamente utilizados. Luego en las empresas es complicado implantar soluciones alternativas puesto que requieren una adaptación y se pierde productividad y se acaba por utilizar la alternativa pirata. En muchos casos sólo se decide cambiar si llega una carta de la BSA informando de una inspección.

Más Información | BSA
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Imagen | dogbomb

Por último, quedará su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea. Desde este momento cada estado miembro dispondrá de dos años para adaptar su legislación al esta nueva directiva, que recordemos tiene como principal novedad el cambio de los tiempos de la política de devoluciones, que pasa a ser de catorce días, en lugar de los siete actuales.

Una de las excepciones de la directiva son los productos digitales quedarán excluidos, como sería el caso de la compra de una canción, un libro o un programa para los que no tenemos un formato físico, sino que directamente se descargan a los dispositivos. La venta se considerará cerrada desde el momento que comience la descarga legal del archivo.

De todas formas tenemos que contemplar esta normativa como un consenso de mínimos. Se trata de una directiva garantista con los consumidores, que busca más dar seguridad jurídica a los consumidores más que incentivar el sector. De todas formas, esta directiva ayudará a que los usuarios del comercio electrónico confíen más en este canal de ventas y por lo tanto, ayudará al crecimiento del sector.

Más Información | Europena Parliament
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Imagen | Flickr

A pesar de este aspecto, uno de los aspectos más polémicos que incluía la ley, como era que la empresa se hiciese cargo de los costes de devolución de estos productos durante este plazo finalmente fue eliminado del texto definitivo. A cambio la empresa deberá expresar claramente las condiciones de venta, los costes extra, en caso de tenerlos o las tasas adicionales, que en caso de no constar el usuario tendrá derecho a que se le devuelvan.

Además la comisión que implica la compra con un medio de pago nunca podrá ser superior al coste que tiene para el vendedor el uso de dicho medio. Por último, el tiempo máximo de envío será de treinta días, pasados los cuales el consumidor podrá romper el contrato y exigir la devolución integra del dinero. La información completa sobre el producto será obligatoria.

De esta manera y pasado el trámite de la votación sólo queda esperar la publicación el próximo mes de octubre en el diario oficial de la UE para que entre en vigor. A partir de aquí cada estado miembro tendrá dos años para modificar sus respectivas legislaciones nacionales a a esta ley de ámbito europeo. Por lo tanto todavía queda tiempo para adaptar las condiciones de vuestra tienda online.

Finalmente el consenso a primado y se da la suficiente seguridad jurídica a los compradores por Internet, de manera que contribuirá de forma indirecta a traer más clientes a las empresas por este medio. Por otro lado pone claros los costes que deben afrontar las empresas, de forma que cada una puede medir de forma sencilla cómo ajustar sus márgenes.

Más Información | imrg
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Imagen | Flickr

Se trata de analizar las implicaciones legales que tiene la implantación de la videovigilancia para el tratamiento de los datos personales, para dar a conocer a las empresas y entidades que las utilizan las obligaciones legales y principios de actuación que deben llevar a cabo. De esta forma se define videovigilancia como:

toda aquella actividad que supone la colocación de una cámara de grabación, fija o móvil, con la finalidad de garantizar la seguridad de una instalación o de las personas, asegurar el correcto desempeño de las tareas en el entorno laboral o ser de utilidad en diversos ámbitos

La guía constata un cambio de escenario en los últimos años como consecuencia de un cambio normativo por un lado, el avance de la tecnología y las posibilidades del vídeo a través de Internet y la expansión de la videovigilancia a distintos ámbitos antes desconocidos, lo que supone la expansión de esta actividad también al sector doméstico o educativo, por ejemplo.

La principal responsabilidad legal a cumplir es el deber de información del responsable del sistema a advertir que se está produciendo una captación de imágenes, el lugar en el que se produce y facilitar información de su instalación. Este es un punto muy fácil de subsanar y la mayoría de las sanciones se producen por desconocimiento de las empresas.

Dicho responsable es además el encargado del fichero que incorpore el tratamiento de datos personales que resulta de dicha actividad, de gestionar el acceso a terceros, de asegurar la integridad y confidencialidad de la información captada, así como de destruir las imágenes una vez cumplida la obligación de custodia. Así que si en vuestras empresas estáis utilizando la videovigilancia un vistazo a esta guía es prácticamente obligado.

Más Información | INTECO
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